Guía Out-Law 6 min. de lectura
16 Apr 2019, 2:17 pm
Es posible que desee ejecutar una sentencia o una resolución judicial dictada fuera de Inglaterra y Gales en estos territorios porque su deudor tiene bienes allí o reside allí. Los métodos de ejecución de una sentencia dependen en gran medida del país o Estado de origen y de la naturaleza de la sentencia o resolución judicial.
Los países pueden dividirse en una o más de entre cuatro categorías que, en orden descendiente según su facilidad e idoneidad, son:
Este es el método preferido, porque permite una ejecución rápida y simple dentro de la UE. Puede usarse para sentencias que condenan al pago de una suma de dinero dictadas en casos de créditos no impugnados. Debe usarse, siempre que sea posible, de forma preferente a otros regímenes de mayor duración y más complejos.
Puede usarse si el deudor:
Una ventaja real es que la petición se hace ante el órgano jurisdiccional de origen y no en Inglaterra y Gales, siguiendo unos trámites simplificados de entrega de documentación, que incluyen la sentencia en cuestión. Una vez expedido el certificado de TEE, la resolución judicial será tratada por los tribunales de Inglaterra y Gales como si hubiera sido dictada por un tribunal en Inglaterra y Gales. Los métodos habituales de ejecución podrán entonces ser usados, como solicitar una orden de cobro o una orden de embargo del salario.
El Reglamento también se aplica a todos los países de la UE y contempla procedimientos relativamente sencillos para el mutuo reconocimiento y ejecución de las sentencias de la UE. Por lo general, solo debe usarse este método dentro de la UE si el método establecido en el Reglamento TEE no puede aplicarse, por ejemplo, porque se tiene una sentencia resultante de un procedimiento contencioso, o si se necesita ejecutar una sentencia no pecuniaria como un requerimiento judicial u orden, para actuar de una determinada manera.
El Convenio solo se aplica a las sentencias o resoluciones judiciales en los procesos civiles y mercantiles, no a procedimientos penales, concursales o de insolvencia, o procedimientos relativos al estado y la capacidad jurídica de las personas jurídicas, derechos de propiedad procedentes de una relación matrimonial, testamento y sucesiones. Tampoco se aplica a los laudos arbitrales, incluyendo las resoluciones judiciales que dan fuerza jurídica a un laudo arbitral. Para cuestiones relativas a la ejecución de los laudos arbitrales en general, consulte la Guía Out-Law de Buenas Prácticas en Arbitraje Internacional.
La petición debe hacerse en el Estado de ejecución, es decir, en Inglaterra y Gales. Necesitará presentar varios documentos, tales como la sentencia y una traducción jurada si la sentencia no está en inglés. El procedimiento exacto se rige por la "Civil Procedure Rules" (CPR, por sus siglas en inglés).
Siempre que se respeten ciertas formalidades, el órgano jurisdiccional de ejecución de Inglaterra y Gales debe declarar la sentencia ejecutable y no reexaminar el caso. Como en el método del Reglamento TEE, una vez que la sentencia ha sido reconocida, aún deben seguirse las etapas habituales en la ejecución.
Se contemplan motivos de apelación. Una apelación puede tener éxito si, por ejemplo:
A la espera de la posible apelación por parte del deudor se pueden, no obstante, adoptar medidas para garantizar bienes en Inglaterra y Gales.
Regula la ejecución de resoluciones judiciales entre Islandia, Suiza y Noruega, y todos los estados pertenecientes a la UE con anterioridad a 2004 más Polonia. Salvo en el caso de Polonia, los Estados que se unieron a la UE el 1 de mayo de 2004 no han ratificado la Convención de Lugano.
Contiene casi las mismas previsiones y el procedimiento es casi el mismo que en el Reglamento de Bruselas. No obstante, el tribunal encargado de la ejecución en Inglaterra o Gales puede renunciar de oficio a reconocer y, por lo tanto, a ejecutar una resolución judicial basándose en una serie de elementos, entre los que se incluyen:
Las principales normas en esta área son la "Administration of Justice Act" (Ley de Administración de justicia) y la "Foreign Judgements (Reciprocal Enforcement Act" (Ley de ejecución recíproca de sentencias extranjeras). Esta área abarca principalmente países que pertenecen o han pertenecido a la Commonwealth e incluye "Crown states" (dependencias de la Corona) como la Isla de Man y Jersey.
Hablando en términos generales, estas leyes recogen acuerdos bilaterales que agilizan la ejecución en Inglaterra y Gales de sentencias dictadas en los países enumerados. Una sentencia dictada en uno de los países enumerados debe registrarse primero en el "High Court" en Inglaterra y Gales. Debe ser firme, por una cuantía determinada, no debe versar sobre impuestos o tasas, y no debe haber sido dictada mediante fraude o como incumplimiento de un acuerdo de arbitraje. Junto a otros requisitos prácticos, el tribunal debe estar convencido de que el tribunal de origen tiene competencia para conocer de la demanda de origen. Esto puede ocurrir de varias maneras, incluyendo si el deudor:
De lo contrario, la sentencia podría no ser registrada. Si ya ha sido registrada, deberá ser anulada si posteriormente el deudor judicial impugna la competencia.
Una solicitud de registro, según lo dispuesto en la "Administration of Justice Act", puede hacerse dentro de un plazo de 12 meses desde la fecha de la sentencia, pero puede darse una extensión. Una solicitud de registro según la "Foreign Judgements (Reciprocal Enforcement) Act" puede hacerse dentro de un plazo de seis años, o si ha habido recursos de apelación, en el plazo de seis años desde la fecha de la última resolución recaída en dichos procedimientos.
El deudor puede solicitar la anulación de la sentencia por varios motivos contemplados en ambas leyes.
Si un país no está incluido en ninguno de los regímenes anteriores, tendrá que iniciar un nuevo procedimiento judicial en Inglaterra y Gales para ejecutar una sentencia extranjera. Es decir, tendrá que interponer una demanda de ejecución. Es posible que tenga que notificar la demanda fuera de la jurisdicción, en cuyo caso se aplicarán normas específicas.
A no ser que, por ejemplo, se alegue un fraude, no será necesario reexaminar el fondo del asunto ante el tribunal, por lo que será posible, con frecuencia, que se conceda el procedimiento abreviado civil. Se trata de un mecanismo procesal que permite una vista inicial y rápida del caso, sin necesidad de juicio. Estas solicitudes son normalmente aceptadas y se trata de una formalidad.
Sin embargo, en algunas situaciones el deudor de la resolución puede tener una impugnación verosímil del reconocimiento o la ejecución de la resolución original. Por ejemplo, si la sentencia debió haber sido dictada por un tribunal considerado competente en virtud del Derecho inglés. Nótese que no importa que el tribunal extranjero tuviera competencia de acuerdo con su propio ordenamiento, lo que importa es que tuviera competencia según las normas del Derecho Internacional Privado inglés. Por lo tanto, el deudor debe haber estado presente en la jurisdicción del tribunal extranjero o haber estado sometido a su competencia, ya sea por comparecencia voluntaria o por contrato.
Una sentencia extranjera solo podrá ser ejecutada si se trata de una cantidad precisa de dinero. Los tribunales de Inglaterra y Gales no ejecutarán sentencias sobre impuestos o sanciones, como multas; esto significa que las indemnizaciones por daños punitivos típicas de Estados Unidos no podrían percibirse.
Las sentencias deben ser firmes, (con autoridad de cosa juzgada) no "provisionales" . Existe una presunción general de firmeza en las sentencias extranjeras, pero el deudor puede intentar impugnarla basándose en varios motivos, incluyendo que fue dictada en fraude, o en procedimientos que eran contrarios a la equidad o a la justicia material. El deudor deberá ser capaz de probar esas alegaciones.
