España dará a los trabajadores subcontratados los mismos derechos que a los empleados

No se ha hecho pública ninguna explicación oficial ni ningún proyecto legislativo, aunque fuentes del gabinete, de los sindicatos y de la patronal han explicado que la reforma propuesta podría ser más importante que la introducida en el parlamento español allá por 2016 por el partido socialista ahora en el poder.

El objetivo de la medida se enmarca, al parecer, en la reanudación de la agenda social del Gobierno tras la crisis de Covid-19.

La externalización de algunas actividades cotidianas pretende reducir los costes de explotación. El gobierno planea obligar a los contratistas a garantizar las mismas normas de empleo que el personal de la empresa subcontratada. Esto se referirá a los salarios, la prevención de riesgos laborales, el tiempo de trabajo y las pausas, la igualdad de género y los permisos y derechos de maternidad y paternidad.

Esta iniciativa forma parte de una reorientación política más amplia impulsada por el Plan de Recuperación presentado por el ejecutivo a la Comisión de la UE para liberar la mitad de los recursos asignados a España durante los próximos tres años en el marco del instrumento de la UE de nueva generación.

El "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española" propone 72.000 millones de euros de inversión en áreas como los proyectos de energía verde y la transformación de la digitalización, e incluye objetivos de interés público dirigidos a dinamizar el mercado laboral, regular el trabajo a domicilio, modernizar las prácticas de externalización empresarial y erradicar el uso extensivo de los contratos de trabajo temporales.

"El escaso nivel de detalle sobre las cantidades exactas solicitadas para perseguir dichos objetivos y los mecanismos que servirán para cumplirlos da margen al gabinete para proponer y sugerir diversas reformas que afectarán a aquellas industrias en España que son altamente dependientes de la subcontratación, como la energía, la construcción y el comercio minorista", señala el experto en derecho laboral Samuel González, de Pinsent Masons, el bufete de abogados detrás de Out-Law. "El Ministerio de Trabajo ha dejado claro que las nuevas reformas abordarán el abuso del empleo temporal como nicho de empleo precario".

En un encuentro informal con la prensa, el ministro de Trabajo explicó que los contratos temporales estaban condenados a desaparecer y que sólo deberían ejecutarse cuando la naturaleza de las tareas resultara estrictamente limitada en el tiempo con una duración máxima de hasta 6 meses, que se ampliaría voluntariamente a un año si los convenios colectivos del sector lo permiten. Los empresarios tendrían la obligación de ofrecer las vacantes a los empleados temporales y justificar claramente por qué éstos no son aptos para un puesto de trabajo específico.

"El Gobierno busca evitar una larga negociación de todas estas medidas prospectivas en el Parlamento y busca el apoyo de los llamados agentes sociales, como los sindicatos y las patronales, para agilizar un acuerdo que podría promulgarse como legislación exprés", dijo González.

Empresas energéticas y del sector de la construcción, que habitualmente hacen un uso extensivo tanto de la contratación temporal como de la subcontratación de actividades, podrían enfrentarse a un aumento significativo de sus costes de personal y a posibles contingencias a corto plazo de llevarse a cabo una regularización dirigida a la limitación de la subcontratación como herramienta para reducir costes ordinarios.