Pioneros en los recursos colectivos voluntarios
Se dio el caso de que numerosas empresas acudieron a Pinsent Masons en busca de asesoramiento tras haber recibido todas ellas imputaciones de naturaleza común. Se enfrentaban a reclamaciones por daños cuya defensa ante los tribuales veían en la mayoría de los casos inútil. No solo por los gastos en los que incurrirían, sino también por el inevitable daño a su reputación. En su caso, se necesitaba un enfoque que abarcara tanto los riesgos comerciales como los reputacionales, así como los aspectos legales. Nuestros clientes necesitaban asesores que se ocuparan de las cuestiones comerciales y de reputación en un sentido más amplio, y que fueran capaces proponer una resolución original.
El reto
Los recursos en grupo y cualquier otra forma de reparación colectiva pueden dar lugar a procedimientos procesales muy costosos y largos, con lo que resultan especialmente desaconsejables en casos en los que una de las partes ha admitido su responsabilidad o ha acordado algún tipo de compensación.
Este era el caso particular de varias empresas que se enfrentaban a reclamaciones similares y que acudieron a Pinsent Masons en busca de ayuda. Nosotros les propusimos el diseño y la ejecución de un plan de resolución aplicable al conjunto de un sector a través de un consorcio.
Esta solución se tradujo en un sistema de recursos colectivos voluntarios que ha cambiado el modo en el que las empresas se plantean la resolución de disputas a gran escala.
Nuestros clientes necesitaban asesores que se ocuparan de las cuestiones comerciales y de reputación en un sentido más amplio, y que fueran capaces proponer una resolución original.
La solución
Este sistema sentó numerosos precedentes:
- fue el primer sistema multilateral de este tipo;
- requería de una solicitud para poder ser considerado un precedente válido por el Tribunal Supremo y poder obtener información de la Oficina del Comisionado de Información, requisito imprescindible para la creación del sistema. Pinsent Masons se encargó de la preparación de esta y de su defensa.
- Requería un amplio análisis de los datos con tecnología de vanguardia para poder determinar las aportaciones relativas de cada miembro del consorcio al plan.
- Dio lugar al desarrollo de precedentes líderes en el mercado por parte de Pinsent Masons, entre ellos un acuerdo vinculante del solicitante, un reglamento del sistema y formularios de solicitud para cumplir con la ley de protección de datos.
- Requería de un acuerdo único de cooperación, liquidaciones y aportaciones para y entre los miembros del consorcio.
La singularidad de este desafío también exigía un enfoque comercial que facilitase la gestión y ejecución del plan. Se desarrolló un sistema de «semáforo» a través del cual el abogado coordinador del grupo daba instrucciones, sin que cada miembro tuviera que aprobar cada una de las instrucciones.
Involucramos a una vasta red de profesionales en el consorcio, tales como consultores especializados en comunicaciones que defendieran el plan y fomentaran la participación. Entre sus tareas estaban la relación con los medios y con las principales partes interesadas del gobierno.
El resultado
El desarrollo de este plan trajo consigo las siguientes ventajas:
- a las personas afectadas se les dio una vía para una resolución rápida y rentable en lugar de un proceso de reclamaciones litigioso e incierto;
- los supuestos infractores abordaban rápida y eficazmente sus «errores», con lo que se protegía su reputación;
- se reducía el riesgo de aumento de unos costes legales inciertos;
- se ofrecía una solución más rápida para la resolución de disputas, tanto en términos de tiempo judicial como de gestión;
- en la gran mayoría de los casos se logró una reducción general de los gastos por daños y perjuicios;
- aumentaron las posibilidades de un resultado favorable en procedimientos civiles y penales; las medidas correctivas son fundamentales a la hora de que las instancias judiciales decidan si emprender nuevas acciones.
Desde entonces, se han diseñado o considerado numerosos planes similares para víctimas de dispositivos médicos defectuosos, piratería telefónica, vigilancia corporativa y venta indebida de productos financieros y de otro tipo.